El pasado 24 de noviembre, la Alianza entre el CINEP, Fundación Gaia Amazonas y Fundación Natura, se llevó a cabo un conversatorio cuyo tema central fueron las afectaciones que la industria de los hidrocarburos deja en los territorios indígenas. El evento, que hace parte del ciclo sobre dinámicas en la Amazonía, se desarrolló con el apoyo de la Plataforma de Información y Diálogo de la Amazonía Colombiana, la Fundación Interamericana - IAF y la participación de diversos expertos, que ilustraron el tema desde distintas disciplinas y quehaceres.

La investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad, Laura Montaño, presentó un interesante análisis sobre la industria de hidrocarburos en 3 casos del Putumayo[1], departamento que fue seleccionado para el estudio por poseer gran número de proyectos petroleros, contar con altas tasas de deforestación y una amplia diversidad de pueblos y comunidades indígenas cuyos resguardos, en muchos casos, se traslapan con los bloques petroleros. La investigación pone sobre la mesa una serie de irregularidades y problemáticas en todas las fases y procesos de los proyectos petroleros, que van en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas.

Varias de estas irregularidades se presentaron en el ejercicio de consulta con las comunidades, que no fue previa sino simultánea con el desarrollo del contrato[2] y que comenzó con el no-reconocimiento de la presencia de comunidades en la zona por parte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. En cuanto a las inversiones sociales obligatorias que las empresas deben hacer en el marco de los contratos y convenios suscritos con la ANH[3], las comunidades afirman no haber acordado con la empresa ninguno de los programas relacionados con empleo, educación o el sector agrícola que aparecen en el contrato entre la empresa y la ANH y no existen más evidencias que su enumeración en el contrato.

Frente a estas y otras malas prácticas en la implementación del mecanismo de consulta previa, el estudio hace un llamado a los entes de control; afirma que los fallos judiciales no se han cumplido y a las comunidades se les ha vulnerado el derecho al acceso a la información pública por parte de entidades estatales. Con oscuro panorama, las comunidades han acudido a estrategias legales para la defensa de sus derechos, como la demanda de restitución de tierras, medidas cautelares de la CIDH[4] y una acción de tutela que buscó proteger el derecho fundamental a la consulta previa.

De manera complementaria a la visión académica del estudio presentado por Ambiente y Sociedad, el líder Siona Franco Ever Yaiguaje expuso, desde sus vivencias, la problemática y las afectaciones que la industria de los hidrocarburos ha dejado en su territorio ancestral ubicado en el medio Rio Putumayo, en la frontera con Ecuador. Se remontó a los años sesenta, cuando entró al territorio la Texas Petroleum Company y con ella, una diversidad de actores que saben que detrás de las empresas viene la plata y, como tantas veces sucede en Colombia, a donde llega el dinero llegan también los actores armados que solo dejan para los pueblos indígenas “desalojo y despoblamiento”, dijo Franco Ever. Afirmó que “las autoridades indígenas hoy son señaladas y amenazadas” y quizás por eso, se remitió a las generalidades de la situación, sin entrar en los detalles.

Contó que las empresas invaden los territorios de los pueblos indígenas, pues para llevar a cabo sus proyectos deben construir carreteras en cuyas orillas, el mal llamado “progreso” comienza a tumbar árboles hacia adentro de la selva; este fenómeno tiene hoy al Putumayo entre los cinco primeros departamentos con mayor deforestación del país, según el IDEAMInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es la entidad gubernamental adscrita al MADS que se encarga del apoyo técnico y científico sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente en el país.[5]. La explotación de maderas (que tanto se facilita cuando hay carreteras) y los cultivos ilícitos intensifican este fenómeno.

Y frente a todas estas afectaciones ¿dónde está el Estado? Por un lado, los reconoce, dice Franco Ever, pero cuando hay empresas de por medio, los niega; como hizo el Ministerio del Interior en los casos expuestos en el estudio de Ambiente y Sociedad. Y las licencias de la ANLA “solo ven lo ambiental, pero los indígenas no tienen participación. No ven que va a afectar la parte cultural”. Hoy, los Siona tienen un Plan de Vida, un Plan de Salvaguarda y medidas cautelares de la CIDH, “pero nada vale, cuando no hay voluntad”, afirmó Franco Ever. Por ello, dice con firmeza el líder indígena, es necesario hacer resistencia desde las prácticas ancestrales que enseñan los abuelos y recuerda cómo desde el pasado reciente cuando fue presidente de la OZIP[6], se hizo desde el mambe, el ambil y el yagé.
El conversatorio se encuentra disponible en: https://www.facebook.com/watch/live/?v=671337213774414&ref=watch_permalink