La corrupción implica al menos dos elementos esenciales: i) el abuso o desviación del poder encomendado, ya sea público o privado; y ii) el beneficio o ganancia privada que además de personal puede ser para un tercero.[1] Según el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe realizado por Transparencia Internacional y publicado el pasado mes de octubre, el 61% de los colombianos cree que el nivel de corrupción ha aumentado en el país. Sin cuestionar si dicho aumento en la percepción tiene un correlato fáctico, o si por el contrario, la corrupción se ha mantenido “establemente” alta, a continuación se presentan algunos elementos para comprender el caso en los departamentos amazónicos.  
 
Un estudio reciente adelantado por Dejusticia y Fedesarrollo concluye que en el país hay dos clases de condiciones que favorecen la corrupción, por un lado, las sociopolíticas y culturales incluyendo la debilidad del Estado colombiano que ha permitido que fenómenos como el clientelismo y el narcotráfico hayan terminado consolidando una cultura del incumplimiento de las reglas; y por otro lado, las institucionales dentro de las que se destacan el poder exclusivo y la autonomía para tomar decisiones, una rendición de cuentas débil y la baja probabilidad de que la corrupción sea penalizada.
 
Transparencia Internacional Colombia adelanta una serie de índices de transparencia que evalúan tres características fundamentales en la administración pública para controlar los riesgos asociados a la corrupción: institucionalidad, visibilidad y control y sanción.[2] Al construir el Índice de Transparencia Departamental (ITD), se ponderan las tres características a partir de sus respectivos indicadores y se clasifican los Departamentos de acuerdo a sus niveles de riesgo de corrupción: Riesgo Bajo (89.5-100), Riesgo Moderado (74.5-89.4), Riesgo Medio (60-74.4), Riesgo Alto (44.5-59.9) y Riesgo Muy Alto (0-44.4). De este modo, mayores niveles de riesgo indican que dichas gobernaciones son más susceptibles a posibles actos de corrupción pues no cumplen con los procesos establecidos, no hacen públicos sus procedimientos o no cuentan con procesos internos de control entre muchos otros factores evaluados. En el caso de las Gobernaciones de los departamentos amazónicos los resultados no son muy alentadores:

Fuente: Transparencia por Colombia
 
Para el periodo 2015-2016, la Gobernación de Guainía fue una de las tres gobernaciones del país con un nivel de riesgo muy alto de corrupción. La Gobernación de Amazonas es la cuarta de las 32 gobernaciones con mayor riesgo de corrupción y la Gobernación de Vaupés es la sexta, ambas Gobernaciones, junto con Caquetá, presentan un riesgo alto de corrupción según el Índice. Por su parte, la Gobernación de Guaviare, que para el periodo 2013-2014 tenía un riesgo alto de corrupción, en la más reciente medición presenta un riesgo medio. Las Gobernaciones de Putumayo y Vichada, que tenían un riesgo alto, hoy también presentan un riesgo medio de corrupción.
 
Algunos de los resultados obtenidos por las gobernaciones de los departamentos amazónicos en el ITD son consistentes con otras mediciones similares, por ejemplo, con el Índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la Nación que mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción:[3]
 

 

 Fuente: Procuraduría General de la Nación
 
Al igual que en el caso del Índice de Transparencia Departamental, en el Índice de Gobierno Abierto, todas las gobernaciones de los departamentos amazónicos se encuentran entre el 50% de las gobernaciones del país con peor calificación. La Gobernación de Vichada con 52,1 puntos en promedio, es la Gobernación con menor calificación de todo el país durante el periodo 2010-2015. Junto a Vichada, las Gobernaciones de Guainía, Vaupés y Putumayo, se ubican entre el 15% de Gobernaciones con peores calificaciones en el Índice de Gobierno Abierto.
 
Si bien es cierto que los riesgos de corrupción en las Gobernaciones de la región amazónica son significativos, y que su gestión de la información no es adecuada, culpar a las Gobernaciones como únicas responsables del problema es un error que poco aporta a la solución del problema. Más aún si se tiene en cuenta que, según el informe de Transparencia Internacional, el 30% de los colombianos han pagado algún tipo de soborno para acceder a un servicio básico en el último año (2015-2016).
 
El informe, producto de una muestra de 90 millones de personas en 20 países, revela a su vez que el problema no es una cuestión de género pues el 28% de los hombres y 27% de las mujeres pagaron sobornos, ni es un asunto de capacidad económica dado que el 30% de los más pobres y el 25% de los más ricos lo hicieron. Tampoco es una cuestión de edad, pues si bien el 31% de las personas entre 18 y 34 años pagaron sobornos, también lo hicieron el 26% de las personas de 35 a 54 y el 23% de los mayores de 55 años.
 
Antes de asignar culpabilidades, es pertinente explorar las acciones a nivel individual. Ante la pregunta ¿las personas comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción? el 83% de los brasileños respondió afirmativamente, no en vano, Brasil con 11% es uno de los países latinoamericanos con menor porcentaje de personas que tuvieron que pagar un soborno para acceder a un servicio según el Informe. Por su parte en México, el 51% de los encuestados manifestó haber pagado un sobordo, mientras que solamente el 49% de los encuestados cree que las personas comunes pueden hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción. Aunque las condiciones que favorecen la corrupción son muy diversas, las personas comunes podemos hacer muchas cosas para combatir la corrupción.
 
El seguimiento y monitoreo del desempeño de los departamentos amazónicos en los índices descritos, requiere un involucramiento activo de la ciudadanía que podría reflejarse en menores riesgos de corrupción y un mayor cumplimiento de las normas anticorrupción por parte de las Gobernaciones. Como individuos, podemos debilitar las condiciones institucionales que favorecen la corrupción aunque muchas veces las consideremos imposibles de cambiar, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía provee un espacio fundamental para mejorar la comunicación y diseminación de información entre los actores gubernamentales y la sociedad civil, mientras que el uso de herramientas como el Monitor Ciudadano de la Corrupción, que permite presentar casos de corrupción ante las autoridades competentes, podrían aumentar la penalización de conductas corruptas en la región.
 
También podemos contribuir cambiando las condiciones culturales que históricamente han favorecido la corrupción por una cultura del cumplimiento de las normas en todos los ámbitos cotidianos, si bien del dicho al hecho hay mucho trecho, podríamos comenzar respetando la fila en el banco o el supermercado, no ofreciendo sobornos para evitar un parte o dejando de buscar “palancas”.