Durante los últimos años, los medios de comunicación y las organizaciones ambientales del país, informan, con preocupación, el incremento de la pérdida de bosques en la Amazonía, resaltando las consecuencias que acarrea esta situación, no solo para la región sino también para el mundo.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAMInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es la entidad gubernamental adscrita al MADS que se encarga del apoyo técnico y científico sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio ambiente en el país.), el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uso de los suelos en actividades que no concuerdan con las características biofísicas de este, son las principales causantes de los índices de deforestación, lo que deja en evidencia la falta de una planificación desde los territorios amazónicos, donde su aptitud de uso de los suelos es forestal, como lo señala la política para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

 

La planificación es una herramienta importante al momento de prevenir y/o mitigar impactos de los modelos de desarrollo al  ambiente, siendo obligación de municipios y departamentos en Colombia integrar el componente ambiental a sus herramientas de planificación[1]. Para esto, las determinantes y asuntos ambientales son importantes a la hora de delimitar  o conservar  áreas con ecosistemas de interés, como figuras de conservación ambiental[2] y de definir qué tipo de actividades se pueden desarrollar sobre los territorios, evitando que acciones relacionadas a: la expansión de la frontera agrícola, construcción de vías, proyectos de explotación petrolera, entre otras, puedan afectar la conservación del patrimonio ambiental, cultural, social y el desarrollo sostenible.

El alto porcentaje de desactualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial – POT en la Amazonía, queda al descubierto con la Sentencia 4360 de 2018, pues la falta de POT o en municipios con menos de 30.000 habitantes EOT[3], impide el desarrollo de estrategias que permitan frenar la deforestación y emisión de gases con efecto invernadero en la región, a partir del reconocimiento de las realidades locales y articulación de actores en el territorio.

El ordenamiento actualizado del territorio, depende en gran medida de la voluntad política de las administraciones departamentales y municipales. Indicar qué, dónde y cómo, es obligación de alcaldías y gobernaciones, siendo necesario involucrar Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas Abastecedoras (POMCA)[4], Planes Integrales de Gestión del Riesgo y

Desastres (PMGRD)[5], Planes de Gestión Ambiental Regional[6], ente otros; además de reconocer Parques Nacionales Naturales, Reservas Naturales Protectoras, Distritos de ConservaciónLa conservación ambiental o de la naturaleza son distintas formas de preservación del medio ambiente incluyendo flora y fauna, ecosistemas, valores paisajísticos, fuentes hídricas, entre otros. Comprende un conjunto de acciones hacia un manejo, uso y cuidado responsable de los bienes comunes en un territorio determinado, que asegure el mantenimiento y potencie sus condiciones presentes desde la identidad y costumbres de las comunidades locales y para las generaciones futuras. de Suelos, Distritos de Manejo Integrado, Reservas Naturales de la Sociedad Civil y otras figuras de conservación, definidas por el Sistema de Áreas Protegidas (SINAP).

 

Precisamente la planificación es, para la región amazónica, una oportunidad de transformación de su visión de desarrollo a partir de modelos alternativos que respondan a las necesidades de: protección, conservación y mitigación de conflictos socio-ambientales en los territorios; siendo siempre prioridad reconocer y establecer figuras de conservación que mitiguen riesgos de afectación ecosistémica y ´blinden´ el patrimonio ambiental, entendiéndose como un ejercicio de planificación para la conservación.