(o la Constitución Política de Colombia pasó a ser letra muerta)
La singularidad de nuestro país, con sus características de riqueza natural (biodiversidad, aguas, variedad de ecosistemas – muchos de los cuales son determinantes para la pervivencia de los seres vivos -, depósitos minerales, posición geográfica etc.), lo destacan dentro del concierto mundial y es considerado uno de los territorios que concentra la mayor cantidad de biodiversidad del planeta.  De otro lado su riqueza humana, como sumatoria de las acciones que su sociedad desarrolla al interior de sus fronteras, distan mucho de la perfección o de su búsqueda progresiva para hacer de Colombia uno de los países de más proyección del planeta.

Sí. Estamos en un paraíso natural que nos ofrece todo para salir adelante como nación: Recursos naturales incalculables (si los quisiéramos valorar), agua, suelos para el desarrollo de muchas ideas y poder lograr la consolidación del buen vivir para sus habitantes, gente buena, con ideas y capacidad de emprendimiento, pero…

Existe un sector poblacional, muy pequeño, que compensa su reducido tamaño con el gran poder económico, financiero, manejo de influencias, dominio de muchos de los sectores de seguridad del Estado, manejo politiquero de la Cámara y el Senado, además de muchas Gobernaciones y algunas Alcaldías y ni que decir de la Institucionalidad gubernamental (Ministerios, Justicia, Institutos, etc.) toda puesta a su servicio para el alcance de sus objetivos particulares, por lo general non sanctos.

Es evidente que el accionar del aparato de gobierno poca importancia le ve a hechos de trasgresión permanente del derecho a la vida y el respeto a la opinión de los demás, cuando las cifras son abrumadoras en cuanto se refiere al asesinato o desaparición de Líderes sociales, ambientalistas, ex – combatientes, miembros de la oposición y muchas otras personas que son “piedra en el zapato” para la cristalización de sus oscuros objetivos.

Y cada día vemos en las redes sociales la referencia a nuevos crímenes, que engrosan las fatídicas cifras de este progresivo exterminio de personas, que de alguna forma no están de acuerdo con el statu quo y lo manifiestan de variada forma y por ello se señalan, estigmatizan y son desaparecidos o muertos, buscando acallar esas voces disonantes, en el elegante concierto de corruptela que a ellos les gusta vivir y escuchar.

Y si para ellos la vida de otros no vale nada y son tan solo peones en un macabro juego de ajedrez, que se pueden sacrificar para defender a su Rey y a su Reina (aunque ésta también es sacrificable), con tal de alcanzar el objetivo principal: Ganar la partida.

Si traslapamos esta forma de pensar y de actuar a otros niveles como el de la Protección de la Amazonía (que para ellos tan sólo son árboles, matorrales, bichos raros y un calor espantoso), ¿qué podemos esperar que suceda con ella?... con la Amazonía.

Ya está demostrado que todos los planteamientos sobre las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales están planteados y gran parte de ellos forman parte de la legislación vigente, siendo unas piezas jurídicas de bastante fortaleza, claridad conceptual y de innegable lógica, que si se aplicaran y fueran respetadas por todos los ciudadanos, muy seguramente seríamos un país especial, ejemplo para el mundo y punto de referencia para el desarrollo ambiental de otras regiones del orbe. Veamos:

La Ley 23 de 1973 (hace casi 50 años) que influenció positivamente la legislación ambiental actual, planteaba: “ARTICULO 1o. Es objeto de la presente Ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.”[1], y en su ARTÍCULO 2º expresa: “El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto, su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los particulares…”, dándole una responsabilidad compartida al Gobierno y a la Sociedad civil.

En su artículo 7º. Dice: “El Gobierno Nacional podrá crear incentivos y estímulos económicos para fomentar programas e iniciativas encaminadas a la protección del medio ambiente”, dirigidas a la sociedad civil de forma poder motivar a las comunidades a emprender caminos de apoyo al objeto de la Ley y poder consolidar esta forma de protección de la naturaleza en todo el país.

Posteriormente plantea lo siguiente: “ARTICULO 9o. El Gobierno Nacional incluirá dentro de los programas de educación a nivel primario, medio, técnico y universitario, cursos regulares sobre conservación y protección del medio ambiente.” Y considera la necesidad de crear el Servicio Nacional Ambiental para que la población educativa se involucre en la temática, fortaleciendo en la práctica los conocimientos adquiridos.

También, en su ARTICULO 16 enuncia:  “El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.”

Y transcurren los años y tras ellos las décadas y más allá de la formulación sólida y entendible de una norma, con amplias proyecciones sobre una verdad incómoda (parodiando el título de la película sobre calentamiento global), no se pasa de ahí. Y se formula posteriormente el Código de los Recursos naturales y del Medio Ambiente, a través de la Ley 99/1993 que le pone carne al esqueleto orientador planteado en la Constitución de 1991, pero ellos, la clase dominante, descarados e impávidos, a sabiendas de que la formulación, manejo e interpretación de la Ley está de su lado, se pasan toda la normatividad por la faja y actúan atrevidamente, violando y acomodando las reglas a su acomodo, de forma poder alcanzar la satisfacción de sus intereses ocultos y posando de ciudadanos probos y cumplidores de la Ley, de aquellos que manifiestan que “nunca han matado ni una mosca”.

No podemos tapar el sol con un dedo. Mientras existan intereses económicos y/o politiqueros de por medio, la solución de estos grandes flagelos (el irrespeto por la vida humana y la conservación/recuperación de la Amazonía y otras áreas forestales y ecosistemas estratégicos del país), serán grandísimos retos, entre muchos,  para la sociedad nacional, en donde los gobiernos y el mismo Estado (en donde estamos involucrados), por acción u omisión dejamos que la problemática continúe creciendo sin control, sin hacer valer la obligatoriedad de su acatamiento y cumplimiento dado que son Normas Constitucionales.

De igual forma, la obligación del Estado, de acuerdo con la Constitución del 91, referida en el Artículo 80 que reza: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Por un lado, el Derecho a la vida, en cuanto corresponde al individuo y específicamente en lo que tiene que ver con su seguridad y derecho a vivir en paz, es clara y repetidamente violado en nuestra sociedad, sin lograr una adecuada respuesta del Estado para frenar este desangre selectivo a pesar que es su obligación legal.

Del otro lado, y este también en un atentado contra la vida de todos, la destrucción de los ecosistemas, que nos está llevando a situaciones impensables e incontrolables que amenazan la vida de la humanidad (la sumatoria de todos los individuos sobre el planeta), a través de los fenómenos climáticos que se vienen exacerbando en la medida de la desaparición de los mismos, que si bien no es responsabilidad exclusiva de nuestro país, estamos contribuyendo a el de forma inusitada por la anomia institucional y social que nos embarga, como resultado de muchas décadas del abandono social, jurídico, ambiental y económico de la población por parte de los entes gubernamentales y el capital, abstraídos en la producción de más capital que beneficia tan sólo a unos pocos. El resto que se aguante. La muerte es democrática, nos llega a todos.