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EL ACUERDO DE ESCAZÚ Y LA DEFENSA POR LA NATURALEZA
Por: Paola Raga

Nuestros países están en medio de una crisis social por la persecución a quienes luchan por los derechos humanos, por el manejo de sus territorios y por la protección del ambiente. Justo en estos momentos, aparece en la agenda mundial la oportunidad de ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Este tratado busca fortalecer la democracia ambiental, definir y garantizar el cumplimiento de derechos humanos y ambientales, y avanzar en el desarrollo sostenible de manera inclusiva y transparente. Tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, participación y justicia, generar un entorno seguro para que personas, grupos y organizaciones, promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales.

Además, es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber del Estado la protección a líderes y defensores de los derechos humanos y ambientales. Rodrigo Negrete, abogado ambiental, destacó la necesidad de integrarnos a este Acuerdo, debido a que Colombia es el país con mayor cantidad de problemáticas ambientales de Latinoamérica, como lo demuestra el Enviromental Justice Atlas.

Entre esas problemáticas se encuentra el panorama que dejó el 2019: 250 asesinatos de líderes sociales en todo el país, a lo cual se suma que en el 89% de los casos el autor es desconocido, como lo afirma el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Otro punto importante es el acceso a la información. El Acuerdo de Escazú también busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información para que participen de manera significativa en las decisiones que puedan afectar sus territorios, sus entornos y sus vidas, y puedan acceder a la justicia.

Negrete aseguró que si se garantiza el derecho a la información se fomentan otros como, por ejemplo, la participación pública. “Porque uno no puede participar de manera activa y eficaz, si no conoce la información y tampoco sabe dónde buscarla. Recordemos que la participación y el ambiente sano son derechos establecidos en la constitución política, que permiten la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos”, resaltó. 

Y añadió que para el caso de la Amazonía, la ratificación de este acuerdo podría generar beneficios a las comunidades y a la naturaleza pero “es necesario encontrar un equilibrio entre la política, recursos económicos, recursos naturales, salud, educación e investigación, con el fin de promover el respeto por las formas de vida y la autodeterminación de los pueblos (…) Para el Acuerdo, esta región es un reto, porque cuenta con la mayor riqueza ambiental y cultural de todo el país, pero así mismo es de las más afectadas por el olvido estatal y el difícil acceso”.

“Se requiere un acompañamiento en las comunidades, pero lo primero que se debe cambiar son las entidades estatales que niegan la presencia de comunidades étnicas como sujetos de consulta previa, eso es parte de lo que se ha judicializado, porque es allí donde están las afectaciones, hay que re empezar para que esto se haga en garantía de derechos y de la integridad de las comunidades, volver al origen”, dijo Negrete.

A esto se suma la declaratoria de la Amazonía como sujeto de derechos mediante la Sentencia 4360 de 2018, en la que se reconoce que este territorio goza de derechos y que además todos los ciudadanos podemos exigir su protección, sin importar si somos o no habitantes de la región, brindando un espacio de participación ciudadana para la protección del ambiente, como el Acuerdo de Escazú.

Estos procesos aseguran que los territorios gozarán de mejores condiciones, tanto sociales como ambientales, pero realmente ¿Qué está sucediendo? El embajador Guillermo Fernández de Soto, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, suscribió el Acuerdo de Escazú el pasado 11 de diciembre, pero a la fecha el Congreso Nacional no lo ha ratificado.

Es más, la Constitución Política en el Capítulo 3, Art. 79 establece: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, entonces ¿por qué se deben generar sentencias y acuerdos para que se cumplan estos objetivos? Y aún peor ¿por qué no se están cumpliendo?

El país cuenta con una débil institucionalidad en los territorios, y el olvido estatal se intensifica en aquellos de difícil acceso. De esta manera se genera un reto mucho más grande: dar las garantías para hacer cumplir, no solo lo estipulado en la Constitución, sino también la Sentencia 4360 de 2018 y el Acuerdo de Escazú.

En conclusión, se necesita un Gobierno más comprometido con el cumplimiento de los acuerdos, sentencias y con la propia Constitución; y se debe innovar para que las personas en los territorios puedan tener acceso a la información, participación y el fortalecimiento de capacidades en las regiones. Es clave que los ciudadanos y las comunidades empiecen a ser activos, que se movilicen para exigir una licencia social que esté acorde con los trabajos llevados a cabo en los territorios, que sea real y que permita generar grupos de cooperación para la defensa de la naturaleza.

Es nuestra tarea apostarle a la defensa de los derechos de la naturaleza, sus habitantes y sus defensores, ¡Todos somos naturaleza!
Artículos
2020-06-02

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