Hace algunas semanas se escribía un artículo sobre los problemas que se estaban suscitando en el Departamento por los efectos de la concentración de las tierras, el tránsito de las FARC hacia la vida civil, y con él, el fin del dominio territorial que durante más de medio siglo ejercieron sobre estos selváticos territorios. Dicho dominio favoreció, de una forma u otra, la conservación de los bosques. Las guerrillas muchas veces plantearon la conservación de los bosques, no necesariamente por una marcada conciencia ambiental, sino también, porque la conservación de los bosques en estos territorios les daba una ventaja significativa sobre sus oponentes.
 
Hay un hecho claro y contundente: desde el retiro de la guerrilla de estas áreas pertenecientes a la Amazonía guaviarense, se han incrementado de forma dramática los atentados contra la biodiversidad del departamento. Desde hace algunos meses se vienen dando continuas llamadas de alerta, por parte de algunas instituciones y comunidades, para que se detenga o se controle la irracional deforestación del territorio que se ha incrementado significativamente durante este último año.
 
Las comunidades han reportado deforestaciones en diversas áreas de los municipios del Guaviare, la mayoría de ellas sobre las zonas de reserva forestal. Muchas de ellas están siendo impulsadas por fenómenos de inversión de capitales y grandes financiadores, la lógica detrás es la apropiación de terrenos y luego despojarlos de su cobertura vegetal para posteriormente venderlos con el ánimo de obtener significativas ganancias.
 
Igualmente se están fragmentando predios en zonas anexas a la Serranía de La Lindosa, ubicada en la parte norte del departamento, para establecer casas de campo en terrenos muy reducidos (inferiores a 1 hectáreaExtensión de tierra correspondiente a una dimensión de 100 metros por 100 metros.  Se estima que la deforestación de esta área emite aproximadamente 400 toneladas de carbono.). Lo anterior se encuentra por fuera de cualquier consideración de los PBOT y POT, que determinan, entre otras cosas, que en zonas rurales no pueden existir predios con tamaños inferiores a una (1) UAF. Tanto las acciones de concentración de la propiedad como la fragmentación de la misma, tienen el objetivo compartido de generar más capital privado a costa de un bien común universal: nuestros bosques.
 
No es de extrañar, también, que ni las autoridades civiles, locales ni nacionales, responsables directas del ordenamiento territorial, ni las autoridades militares que deberían apoyar a las demás instituciones, estén tomando acciones efectivas para detener el continuo despojo del capital natural del departamento. Su acción resulta limitada y para nada ejemplificante. De este modo, prácticamente todos se sienten con el derecho de talar hasta el último árbol de los “nuevos” predios, sin importar la destrucción de la vida natural en su entorno. No se piensa que el Guaviare y el futuro de esta tierra está íntimamente ligado a la pervivencia de sus bosques, y con ellos las aguas y su biodiversidad.
 
Causa profunda tristeza ver cómo se van destruyendo de manera acelerada los bosques del Guaviare y la ceguera de quienes lo hacen o quienes pagan por hacerlo. No hay ninguna justificación para que ello suceda. Los mueve el más absurdo mercantilismo y la inconsecuente premura de hacerse ricos –o más ricos– rápidamente, sin importar cómo ni a quienes afecten. Dichos actores no se detienen a pensar que sus hijos y nietos van a ser, en un futuro muy próximo, igualmente afectados por las graves consecuencias de sus irracionales actos en el presente.
 
Los gobiernos locales, regionales y nacionales deben tomar conciencia de que, si no actúan ahora para frenar este accionar, ya no habrá una “segunda oportunidad sobre la tierra”. Los Estados y los gobiernos, las comunidades urbanas, rurales, indígenas y las demás minorías étnicas, el sector privado y el estudiantil, en suma, toda la población del país y sus diferentes estamentos deberán orientar su accionar hacia la protección de los recursos naturales, la descontaminación de las fuentes hídricas, la recuperación de áreas degradadas, el establecimiento de sistemas productivos acordes con las condiciones reales de los ecosistemas.
 
Se debe procurar la regeneración y recuperación de las áreas degradadas, así como el uso adecuado y sostenible del suelo. Además, se debe dar solución a las ingentes necesidades de los pobladores de las diversas regiones, coadyuvando al incremento permanente de sus niveles de calidad de vida y al mismo tiempo aumentar la conciencia poblacional para la protección de los recursos naturales que les rodean.
 
Actualmente el Guaviare atraviesa una fase compleja de su proceso de desarrollo. Aún no ha podido avanzar decididamente hacia el desarrollo sostenible. Por el contrario, estamos volviendo al desarrollo basado en las economías extractivistas, en el cuál se explotan irracionalmente recursos para generar capitales, pero estos no se quedan en el territorio ni generan transiciones, ni siquiera graduales, hacia un desarrollo sostenible.
 
Aunque las épocas del caucho nativo, la quina y las pieles ya pasaron, las hemos sustituido por las economías de la coca, la ganadería y el mercado de tierras. Estas últimas tienen efectos más adversos que las primeras, porque las densas masas boscosas características del entorno se suplantan con monocultivos y praderas para aumentar la rentabilidad de dichas cadenas productivas, sin importar en lo más mínimo el gigantesco e insensato daño ambiental.
 
Se requiere que el Estado y los gobiernos les den prioridad a las consideraciones ambientales, buscando acabar de forma definitiva con los daños que se están causando en el ecosistema amazónico, haciendo cumplir la ley que determinada y explícitamente prohíbe este tipo de acciones, pero que desafortunadamente ha sido letra muerta en estos “apartados” territorios. Muchas veces la única ley que se aplica, es la ley del más fuerte.
 
Esto tiene que cambiar. El nivel de tolerancia a esta serie de exabruptos ambientales tiene que ser cero. Este ecocidio cometido de forma sistemática, abusiva y violenta, debe ser castigado con las mayores penas posibles, porque está afectando y poniendo en alto nivel de riesgo a toda la población, no solo del Guaviare sino de toda la nación. El Estado, que pareciera ser tolerante con dicho ecocidio, deberá frenar la irrupción abierta e irreflexiva de personas externas al territorio que asumen tener el derecho ilimitado a la explotación y que desconocen los derechos de la población del Guaviare.