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PID AMAZONIA

“ME HACEN PERDER LA FE” LA INEFICIENCIA DE LA LEY: ¿CAUSA DE LA DEFORESTACIÓN?

Por: Julio Roberto Del Cairo 

Hace pocos días un Representante a la Cámara denunciaba, en un pleno de esa entidad, que las actuaciones del Gobierno eran incongruentes, desde el punto de vista de que en lugar de rebajarle los impuestos a los colombianos, se los rebajaban a las grandes multinacionales, vía menores retribuciones por regalías al Gobierno Nacional. “Vende patrias”, “traidores a la Patria”, fueron algunos de los términos utilizados por el representante para calificar las ignominiosas acciones de sectores gubernamentales, que de manera evidente siguen entregando los interéses nacionales a sectores internacionales privados, por encima del querer del pueblo y del alejamiento de la solución de sus necesidades.

 

De la misma forma nos encontramos con acciones similares que desarrollan otras instancias estatales, regalando páramos, concesiones petroleras, explotaciones auríferas y de otros minerales,  a diestra y siniestra en territorios amazónicos y en otras regiones de nuestro país, a multinacionales y grandes empresas, que revestidas por la “legalidad” de las asignaciones, producen y pueden producir mayores afectaciones al entorno, que las denominadas explotaciones “ilegales”.
 

Es indignante que nuestros gobernantes mantengan aún esa posición derrochadora con nuestros recursos naturales y territorios, que se hizo célebre con la famosa indemnización por la pérdida de Panamá a inicios del siglo pasado (US$ 25 millones). Lo mas perverso de esta actitud está en que dilapida los recursos nacionales en favor de transnacionales cuyo único objetivo es la multiplicación exponencial de sus recursos económicos, que en nada favorecen los intereses de nuestro país, y las exangües retribuciones obtenidas  a cambio, se pierden dentro de los intringulis de la corrupción estatal, dejando siempre por fuera a los que deberían ser los obligados beneficiarios de estos recursos: la población desposeída de nuestro país, los sectores rurales de economía campesina, los desplazados y víctimas ubicados en los ghetos urbanos, entre muchos otros.
 

¿Cuántos personajes de nuestro país, con figuración en los medios y con proyección nacional e internacional, con relumbrantes hojas de vida, que cuentan con capitales inmensos para hacer y deshacer, están directamente involucrados en la apropiación de terrenos amazónicos?, Y su único fin, ya expuesto, de multiplicar sus fortunas en forma grosera e insaciable en extremo, sin importarles en ningún momento todo lo que deviene de su actitud fraudulenta y perniciosa para el resto del mundo. 
 

Esto también se llama “traición a la patria”, puesto que contraviene todo lo expresado en nuestra Constitución Política, en donde ya la prímacia del interés general sobre el interés particular no tiene ningún sustento y en donde no se evidencia el derecho que tenemos todos los habitantes a un ambiente sano. 
 

Esa búsqueda de acciones, verdades y cambios reales se expresa claramente en la tutela interpuesta por un grupo de jóvenes en donde solicitan entre otras cosas “… el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación y el medio ambiente sano”, arguyendo, además, que van a ser la generación, que a raíz de la desbordada deforestación amazónica, van a ser los que tengan que vivir y enfrentar las consecuencias del cambio climáticoEs la alteración global del clima debido a acciones de tipo antrópico que se reflejan en cambios, normalmente extremos, de patrones de lluvias o épocas de sequía.  El cambio climático puede implicar tanto en aumentos como dismunición de la temperatura en algunas zonas de La Tierra que afectan la biodiversidad, el recurso hídrico y las comunidades más vulnerables a estos cambios. .

La Corte suprema de Justicia, el 5 de abril de 2018 dio respuesta a su inquietud declarando   la Amazonía como sujeto de derechos, dándole respuesta y curso a la tutela anteriormente mencionada, conminando al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para detener este ecocidio continuado y fijando unas fechas para que se determinaran medidas correctivas a corto mediano y largo plazo.

La jurisprudencia conexa a la determinación tomada, fue recibida como “una de las sentencias ambientales más robustas que haya dictado un tribunal en el mundo , lo que se convierte en un cuento viejo, pues es ampliamente reconocido en todas las instancias legales, que las leyes emanadas de nuestro sistema jurídico se caracterizan por su robustez y coherencia, lo que no garantiza, desde ningún punto de vista, su aplicación y efectos positivos sobre los asuntos que convocaron a que se legislara sobre ellos.

Si las órdenes recientes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en la práctica no son de obligatorio e inmediato cumplimiento por las partes involucradas, que esperar de aquellas normas ya formuladas (robustas y coherentes), pero expedidas hace varios años y que deberían regular todo el acontecer nacional y específicamente, hablando de las normas regulatorias de los aspectos ambientales del país, a través de la expedición del Código de Recursos Naturales (DL 2811 de 1974), espíritu de la Ley General Ambiental de Colombia (Ley 99 de 1993), de donde deviene el SINA

Como bien lo decía la revista Semana Sostenible hace más de un año: “Esta semana se celebraron los 40 años de la declaratoria de 18 áreas protegidas en Colombia. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la expedición de un documento que fue la base de toda la legislación ambiental del país y un modelo a nivel mundial, refiriéndose al  Código de Recursos Naturales

Aquí, nuevamente, un reconocimiento a la robustez y coherencia de nuestras leyes y normas. Pero mas allá de la fortaleza y claridad de ellas, estas no se utilizan con la eficacia, diligencia e imparcialidad debidas para la aplicación del régimen sancionatorio, de aquellos que incumplan la norma o se igualen a la ley. O lo hacen de forma amañada, favoreciendo los interéses del “patrón”.
 

¿Será que la “Amazonía sujeto de derechos” seguirá el tortuoso camino de la ineficiencia estatal, falta de voluntad política para la toma de decisiones que contravengan los interéses de los conglomerados empresariales y sectores privados que manejan y se “ferian” nuestro país?. Ya ha pasado mas de un año desde que se declaró la perentoriedad de la acción a desarrollar. Es decir, le podemos asignar las tasas de deforestación correspondientes al año de 2018 y 2019 a la ineficiente, incoherente y abúlica acción institucional del Estado, aunque creo que desde el año de 1974 a la fecha, gran parte de la deforestación suscitada se le puede endilgar a los ineptos, ineficaces y corruptos gobiernos que han llevado las riendas de la nación, no para orientar el buen accionar de sus dirigidos, sino por el contrario, para entronizar la ilicitud en los mismos y levantar polvaredas al galope, para ocultar sus oscuros interéses.
 

Por favor, Gobierno e Instituciones, Jueces, Legisladores;  demuestren que la robustez y coherencia de nuestras leyes y normas, reconocidas mundialmente, avivan una reacción igualmente robusta y coherente por parte de la sociedad nacional para darle alcance a lo establecido en la ley y no igualarse a ella. No nos hagan perder la fe.


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2019-07-24